C. Otto – Miembro del equipo de Lánzanos
@ottoreuss

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Hoy hemos conocido (primero gracias a la primicia de El Confidencial y luego por la reunión del Consejo de Ministros) que el Gobierno se ha propuesto regular el crowdfunding (algo que muchas plataformas venimos pidiendo desde hace tiempo). La información, por el momento, es bastante confusa, pero nos trae algunos titulares: los proyectos no podrán pedir más de un millón de euros, cada 'mecenas' no podrá gastarse más de 3.000 euros en un solo proyecto ni más de 6.000 en un año, las plataformas tendremos que estar controladas por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), etc.

Desde Lánzanos tenemos serias dudas acerca de todo esto, ya que el texto del anteproyecto de ley mezcla cosas que poco (o nada) tienen que ver y es lo suficientemente confuso como para que a nadie le quede claro a qué ambitos de crowdfunding afectará esto.

De entrada, el borrador asegura que la ley será aplicada a proyectos "destinados a una pluralidad de personas físicas o jurídicas que esperan obtener un rendimiento monetario con la inversión y que no inviertan con carácter profesional". Esta es una frase confusa, por dos motivos:

1.- Al hablar de personas "que esperan obtener un rendimiento monetario con la inversión", no se habla de crowdfunding básico (un grupo que saca un disco, un cineasta que edita un corto, un escritor que publica un libro...), sino de equity crowdfunding (empresas que levantan una ronda de financiación con múltiples aportaciones por parte de personas que pasan a formar parte del accionariado de dichas empresas).

2.- Sin embargo, al hablar de personas "que no inviertan con carácter profesional" se produce una contradicción, ya que los inversores que inyectan dinero a través de plataformas de equity crowdfunding son inversores profesionales. Esto puede hacer pensar que el anteproyecto de ley no se refiere a crowdfunding ni a equity crowdfunding, sino a crowdlending, préstamos P2P, etc. Sin embargo, el borrador también habla de proyectos con "emisión o suscripción de participaciones de sociedades de responsabilidad limitada", una cláusula que nos aleja del crowdlending y nos vuelve a acercar al equity crowdfunding. En la rueda de prensa del Consejo de Ministros se le ha preguntado al ministro a qué ámbito de crowdfunding se refiere la ley, pero no lo ha aclarado.

En cuanto al imperativo de que las plataformas se inscriban (nos inscribamos) en el registro de la CNMV, estamos a favor de la regulación. El crowdfunding está teniendo un ascenso lo suficientemente grande como para que sea necesaria una regulación, control y supervisión de todo lo que acontece en torno a ello. Estamos totalmente a favor de que el Gobierno se tome en serio el crowdfunding y de que las empresas que nos dedicamos a ello pasemos a estar rigurosamente controladas, cosa que no ocurre a día de hoy.

En cuanto al límite de un millón de euros por proyecto, nos parece escaso. En España aún no hay proyectos que superen esa barrera, pero los habrá más pronto que tarde. En Estados Unidos ya hay muchos proyectos que obtienen decenas de millones de dólares vía crowdfunding, con lo que el límite nos parece mejorable.

En cuanto al límite de 3.000 euros de aportación por persona, nos parece un límite ridículamente bajo. Ningún inversor en España (ni siquiera en el nivel más bajo, el de los business angels) movería un solo dedo por meter 3.000 euros en un proyecto. Los business angels suelen hacer inversiones de entre 20.000 y 100.000 euros, con lo que no tiene sentido establecer un límite de 3.000 euros. 

Imaginemos que una startup quiere hacer una ronda de financiación de 100.000 euros: ¿va a tener que estar buscando el emprendedor a 33 personas para una ronda de financiación tan baja? A ningún inversor le merecería la pena entrar en una empresa para inyectar solo 3.000 euros.

En cualquier caso, y a modo de conclusión: el borrador es muy confuso y abre la puerta a todo tipo de dudas. Esperemos que el Gobierno abra un proceso de diálogo para poder debatir sobre el asunto y que esté abierto a unas modificaciones que son tremendamente necesarias.

Ya que el anteproyecto será sometido a debate por los distintos grupos de trabajo del Congreso de los Diputados, desde Lánzanos nos ofrecemos (junto con algunas plataformas con las que ya hemos hablado) a acudir al Congreso para, de manera pública y visible para todos, expongamos nuestra postura y los motivos por los que esta ley debe cambiar muchos de sus puntos fundamentales.